La reciente propuesta de OpenAI de ceder un 5% de su capital al gobierno de EE. UU. ha generado un intenso debate sobre la apropiación de los beneficios de la inteligencia artificial. Lejos de ser un gesto altruista, se percibe como una estrategia política para legitimar el uso de recursos colectivos, construidos a partir del trabajo de millones de personas, sin su consentimiento ni compensación.
