Google

El reconocido científico John Jumper, conocido como el padre de AlphaFold, ha hecho pública su decisión de abandonar Google tras casi nueve años en la compañía. Su anuncio, realizado a través de la red social X, marca la segunda salida significativa de un destacado ejecutivo de Google en una semana, lo que podría reflejar cambios importantes dentro de la empresa.

Un tribunal alemán ha dictado medidas cautelares contra Google, señalando que el contenido generado por su inteligencia artificial no puede considerarse simplemente un resumen de información de terceros, sino que es responsabilidad de la empresa. En un caso donde un usuario buscó información sobre editoriales, la respuesta de la IA incluía acusaciones de fraude que no estaban respaldadas por fuentes verificables.

La reciente decisión del Tribunal Regional de Munich contra Google marca un hito en la responsabilidad de las empresas que utilizan inteligencia artificial. El tribunal ha determinado que Google no puede escudarse en la idea de que solo organiza información cuando su IA genera afirmaciones nuevas. Este caso, que no se centra en el copyright ni en el abuso de posición dominante, pone de manifiesto que las afirmaciones generadas por la IA son consideradas contenido de Google.

El gobierno del Reino Unido ha solicitado a empresas tecnológicas como Apple y Google que bloqueen el acceso a imágenes desnudas en dispositivos móviles para menores de 18 años. Durante su intervención en la London Tech Week, el primer ministro Sir Keir Starmer instó a las compañías a activar funciones integradas o actualizar sus sistemas operativos para prevenir que los niños tomen, envíen o vean imágenes sexualmente explícitas.

El Gobierno británico ha emitido un ultimátum a las principales empresas tecnológicas, como Google y Apple, para que implementen soluciones que impidan que los menores accedan, capturen o compartan imágenes de desnudos en internet. La fecha límite para desarrollar estas medidas es septiembre. En caso de no cumplir, el Gobierno se reserva el derecho de imponer la tecnología necesaria y aplicar sanciones a las compañías que no se ajusten a esta normativa.