La libertad de expresión no solo garantiza el derecho a expresar opiniones, incluso las más provocadoras o erróneas, sino que también protege el derecho de periodistas, investigadores y ciudadanos a cuestionar y verificar esas afirmaciones. Es fundamental que se fomente un entorno donde se pueda examinar y refutar públicamente lo que se considera falso, asegurando así un debate saludable y constructivo en la sociedad.