legislación

El creciente consenso sobre los riesgos que las redes sociales representan para niños y adolescentes ha llevado a un aumento de la preocupación entre los padres, con un 72% manifestando inquietudes sobre el contenido que consumen sus hijos, según un reciente Eurobarómetro. Este diagnóstico ha impulsado a gobiernos y tribunales de diversas partes del mundo a tomar medidas. Aunque el problema es reconocido de manera general, las soluciones propuestas varían, y actualmente se están discutiendo dos enfoques principales en los tribunales.

Meta, la empresa detrás de plataformas como Facebook e Instagram, ha comenzado a presentar sus argumentos en un juicio que podría tener consecuencias significativas para su futuro. Cuatro estados, incluyendo California y Colorado, han demandado a la compañía, alegando que sus redes sociales contribuyen a una crisis de salud mental entre los jóvenes. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California, lidera este caso, que podría redefinir la responsabilidad de las redes sociales en Estados Unidos.

La estación de PBS de St. Louis, Nine PBS, ha presentado una demanda contra Iron Mountain Data Centers después de que su proveedor de almacenamiento en la nube, Open Source Storage (OSS), dejara de responder. La estación busca recuperar el acceso a 50 TB de datos que incluyen programas de televisión y vídeos de los últimos 70 años.

El Consejo Constitucional de Francia ha declarado inconstitucional la ley que prohibía el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Esta decisión, tomada el viernes, se basa en la consideración de que la normativa representa una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión de los jóvenes.

Francia ha implementado una prohibición total de las llamadas de telemarketing no solicitadas desde el 11 de agosto de 2026, marcando un avance significativo en la protección de los ciudadanos frente a esta práctica invasiva. La medida incluye la creación de una plataforma gubernamental para denunciar estas llamadas, eliminando cualquier posibilidad de consentimiento implícito.

En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años, una medida respaldada por el primer ministro español, Pedro Sánchez. Según el primer ministro australiano, Anthony Albanese, esta decisión busca proteger a los niños y adolescentes de los peligros que representan los entornos digitales, como el acoso, la ansiedad, las estafas y el abuso infantil.

A pesar de la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia del Reglamento Europeo de IA el pasado 2 de agosto, un 31,7% de los CEOs de grandes empresas en España no ha implementado medidas para cumplir con esta normativa. Un estudio de Entelgy revela que, aunque cerca del 70% de las compañías ya han comenzado a adaptarse, persiste una gran confusión sobre los requisitos legales.

La revisión por pares, un proceso fundamental en la validación de investigaciones académicas, enfrenta desafíos significativos en la era de la inteligencia artificial. Un caso reciente ilustra esta problemática: Jason Semprini, investigador en políticas de vacunación, descubrió que las mandatos de vacunación contra el VPH no reducen significativamente la tasa de cáncer cervical. Sin embargo, su estudio fue malinterpretado por un revisor, quien confundió el enfoque de la investigación.

Un tribunal estatal de Nuevo México ha dictaminado que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, debe abonar 567 millones de dólares a un fondo destinado a la salud mental de los adolescentes. Además, se le exige modificar el funcionamiento de sus plataformas para proteger el bienestar de los usuarios jóvenes, tras considerarla responsable de causar daños a este grupo demográfico.

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado una ley que prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 15 años, estableciendo la necesidad de sistemas de verificación de edad en las plataformas. Esta medida, similar a la que se tramita en España, busca cerrar las brechas existentes que permitían a los jóvenes eludir las restricciones actuales. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la privacidad de los datos personales y la efectividad de tales regulaciones en la protección de la salud mental y el bienestar de los usuarios.